Retomando el anhelo de los reformistas de los año 20 del siglo pasado, el Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947-1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para estudiantes de bajos ingresos.

En 1949, producto de la organización de un nuevo Estado social de derecho y planificador, se estableció la gratuidad universitaria y el compromiso gubernamental para su financiamiento, además, aquel año se fundó el Ministerio de Educación de la Nación en reemplazo del de Justicia e Instrucción Pública.

Posteriormente, aprobada bajo el Nº 14.297 en 1954, la Ley Orgánica de Universidades fue la primera norma propiamente educativa sancionada por el Congreso de la Nación que incluyó taxativamente la gratuidad universitaria.

Luego del golpe de Estado de 1955 que derrocó al gobierno de Perón, se derogó el entramado institucional y normativo del Justicialismo y se eliminaron las menciones a la gratuidad de la educación superior. Así, las Universidades, en el marco de su autonomía, podrían fijar aranceles y regular sus políticas de ingreso.

En 1973, el gobierno democrático eliminó los aranceles y las tasas académicas implementadas en los años sesenta y principios de los setenta. Por supuesto, durante 1976 y 1983, última dictadura cívico militar, el acceso a las universidades sufrió fuertes golpes. En 1975 había más de 487 mil estudiantes, mientras que, en 1980, cien mil menos. Más tarde, con la vuelta a la democracia en 1983, las universidades argentinas eliminaron el cobro de aranceles.

Finalmente, la Ley N° 27.204/2015 fijó taxativamente que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.

Fuente: prensa de la Universidad Nacional de San Juan y Consejo Interuniversitario Nacional